Encargado de política exterior de la UE ve “resultados muy tangibles” de Noboa en Ecuador
Wagner destacó la reducción de las estadísticas de homicidios y de violencia carcelaria, si bien hay otros índices de delincuencia como los robos o secuestros que, según algunos sectores, no han disminuido pese a haberse declarado en el país un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado.
El funcionario de la Comisión Europea se pronunció así durante su reciente visita a Ecuador, adonde llegó para participar en la segunda Conferencia Internacional de Consenso para la Seguridad Penitenciaria y Ciudadana de Ecuador, en la que la UE reunió a autoridades nacionales y a especialistas foráneos para delinear soluciones a la crisis del país.
Esa oficina se encargará de gestionar el intercambio de información para mejorar la capacidad de detectar contenedores de mercancías contaminados con grandes cantidades de cocaína que son enviados principalmente a Europa bajo la fachada de productos de exportación ecuatorianos como el banano.
Wagner confió además en reforzar la cooperación para modernizar el modelo de gestión carcelaria de Ecuador, ahora que con el estado de excepción las cárceles han pasado a estar controladas por las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, insistió en la categorización y clasificación de presos según su nivel de peligrosidad, en lugar de que las prisiones o pabellones estuviesen dedicados a bandas criminales en concreto.
Reivindica sociedad civil
No obstante, el funcionario de la Comisión Europea advirtió que “en este marco donde las actividades de las bandas internacionales del crimen organizado requieren una respuesta fuerte desde el Estado, es incluso más importante tener una sociedad civil viva y vibrante”.
“Realmente esperamos que se mantenga estable toda esta situación de los defensores de derechos humanos y otras personas que trabajan con ellos”, señaló Wagner, que abogó especialmente por una vigilancia del respeto a los derechos humanos en las cárceles intervenidas por las Fuerzas Armadas.
“Creemos que también es importante que ahí se mantenga el trabajo tan importante y bueno que muchas de estas organizaciones de la sociedad civil están haciendo”, añadió.
Algunos organizaciones han denunciado presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares que han tomado el control de las cárceles antes dominadas por las bandas criminales, y han logrado que un juez ordene a la Defensoría del Pueblo iniciar una investigación de acuerdo con estas denuncias.
Wagner también consideró importante que “realmente se les dé la posibilidad (a las organizaciones de la sociedad civil) de entablar un diálogo con las autoridades”.
“Mi impresión de las conversaciones con ellos es que hay mucha buena voluntad, mucho trabajo excelente para hacer con las personas en las prisiones para traerlos de regreso a la sociedad, y creemos que definitivamente deberá aprovecharse ese potencial”, apostilló.
El auge de las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, llevó a Ecuador a convertirse en uno de los países más violentos de Latinoamérica, con una tasa de unos 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.
Uno de los epicentros de esa espiral de violencia se ha ubicado en las cárceles, donde las rivalidades entre bandas criminales han causado una serie de masacres carcelarias con más de 450 presos asesinados entre 2020 y 2022.
A partir de que Noboa declarase el 9 de enero el “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, el Gobierno pasó a considerar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
