Familiares de equipo periodístico asesinado en 2018 aseguran que el Gobierno de Ecuador les dio información “mutilada”

Familiares de equipo periodístico asesinado en 2018 aseguran que el Gobierno de Ecuador les dio información “mutilada”

Los familiares de los periodistas del equipo del diario El Comercio que fueron asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia en 2018 rechazaron este viernes la calidad de la información desclasificada sobre el crimen que recibieron el 10 de mayo por disposición de la Corte Constitucional.

Los familiares de Javier Ortega (reportero), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor) ―todos asesinados por un grupo disidente de la guerrilla de las FARC durante una cobertura― aseguraron que la información recibida de parte del Ministerio del Interior está “incompleta, mutilada y posiblemente manipulada”, así como que “resulta irrelevante”.

Agregaron que no obtuvieron las transcripciones completas de al menos tres actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), donde se trataron temas relacionados al secuestro y posterior asesinato.

“La única acta en relación con la sesión del Cosepe donde se menciona al caso y se habla también de la toma de resoluciones tiene hojas faltantes e intervenciones cortadas, que no permiten determinar quién habla o el contexto de lo que dice”, precisa un comunicado del colectivo de familiares y amigos Nos Faltan Tres, que ha liderado la lucha por verdad y justicia desde que ocurrió este hecho.

Los familiares del equipo periodístico consideran que esta entrega, presuntamente mutilada según dicen, demuestra la “intención de ocultar información de forma deliberada” y creen que aún se mantiene un velo de impunidad después de seis años del crimen, sin que las autoridades respondan por los hechos.

“Las actas demuestran los errores en la negociación para rescatar a los periodistas en 2018, por lo que esta información también será enviada a la Fiscalía General del Estado para que avance con las investigaciones de este caso”, aseguraron durante una rueda de prensa en la Unión Nacional de Periodistas.

Exigieron a la Corte Constitucional dar seguimiento a su sentencia de inicios de abril, en la que dispuso la desclasificación de ciertas actas, audios, transcripciones y la lista de asistentes a las sesiones del Cosepe que analizaron la situación del equipo periodístico tras su secuestro.

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